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Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad y eso es precisamente lo que el Congreso de los Estados Unidos le está negando al pueblo de Puerto Rico al no proveerle los mecanismos que le permitan encaminar la solución a la crisis fiscal y el desarrollo económico.
El Congreso no ha permitido que Puerto Rico recurra a los instrumentos de ayuda disponibles para los estados en precariedad fiscal y, debido a la condición de territorio, la Isla tampoco tiene acceso a los remedios con los que cuentan los países soberanos. Los estados tienen acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y una nación soberana en crisis puede recurrir a instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en busca de avenidas de auxilio.
Carente del marco legal y de la autonomía para salir de la crisis, Puerto Rico se encuentra en el limbo, atrapado contra la pared del inmovilismo y la indiferencia de los legisladores estadounidenses. Lo más que el Congreso de mayoría republicana ha propuesto es una Junta de Supervisión Fiscal que no toma en cuenta los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.
La cruda realidad es que, debido a la sequía de las arcas locales y la desatención congresional, nuestra Isla está expuesta al caos económico y social.
El impago en el que el Gobierno local incurre hoy es evidencia clara de que Puerto Rico perdió el control y está hundido en su descalabro fiscal y que, además de los impagos que se avecinan, se acelerará el incumplimiento con los servicios esenciales. El pueblo está viviendo los efectos de las arcas vacías en renglones tan sensitivos como la salud y la educación.
Ante este panorama desolador, lo que nuestro País necesita es una Junta que, con la participación efectiva de miembros locales, provea las condiciones para reestructurar la deuda pública y los incentivos que generen actividad económica. La Junta no tendrá éxito en su misión de estabilizar a Puerto Rico si sus funciones se limitan a la reestructuración fiscal y al balance del presupuesto. Reducir su agenda a estas tareas, lejos de ayudar a la Isla, la Junta lo que haría es castigar al pueblo puertorriqueño.
Como sucedió con la intervención del Estado de Nueva York en la crisis de la Ciudad de Nueva York, el plan de reestructuración de las obligaciones necesitará de una disposición que permita que, con el 50% de los acreedores dispuestos a llegar a acuerdos, el restante 50% deberá acatar esas decisiones. Esa disposición daría a la Junta la fortaleza que necesita para alcanzar soluciones concretas al problema de la deuda con la participación de todas las partes.
Debilitado por el egoísmo electoral, tanto local como federal, Puerto Rico necesita la intervención de una Junta que incluya a figuras con la preparación y experiencia que las capaciten para representar los intereses puertorriqueños.
La Junta, a la vez que ejerce una supervisión rigurosa, tiene que autorizar verdaderos alivios a corto y a largo plazo, e impedir que las acciones en los tribunales como consecuencia del impago minen nuestra capacidad de rehabilitación. Es responsabilidad del Congreso proveer los mecanismos para impulsar la economía de la Isla hacia sólidas metas de sostenibilidad y autosuficiencia.
Mientras, una disposición que debe eliminarse del proyecto de ley que está pendiente de acción en el Congreso es el relativo a las tierras de Vieques, las que son expuestas a la especulación en lugar de ser protegidas en estado de conservación.
Es hora de que el Congreso deje de tratar a Puerto Rico como una jurisdicción habitada por ciudadanos de segunda clase, y de que asuma su responsabilidad moral y legal con los puertorriqueños dando paso a una legislación que atienda con seriedad y justicia su apremiante situación fiscal.
La acción rápida y acertada del Congreso es una obligación legal y humanitaria.

Everyone has the right to have their dignity respected and that is precisely what the United States Congress is denying the people of Puerto Rico by not providing mechanisms that allow it to route the solution to the fiscal crisis and economic development.

Congress has not allowed Puerto Rico to resort to the help available to states in precarious fiscal situation and because of the condition of territory, the island does not have access to remedies which have sovereign countries. States have access to Chapter 9 of the federal Bankruptcy Act and a sovereign nation in crisis can turn to international institutions such as the International Monetary Fund, seeking avenues for help.

Devoid of the legal framework and autonomy to overcome the crisis, Puerto Rico is in limbo, trapped against the wall of inaction and indifference of US lawmakers. As the Republican-led Congress has proposed a Fiscal Oversight Board does not take into account the best interests of the Puerto Rican people.

The stark reality is that due to the drought of local coffers and Congressional neglect, our island is exposed to the economic and social chaos.

The default in the local government incurs today is clear evidence that Puerto Rico has lost control and plunged into fiscal disaster and also signals defaults to come, the failure will accelerate with essential services. The towns are experiencing the effects of empty coffers in lines as sensitive as health and education.

Given this bleak picture, what our country needs is a board that, with the effective participation of local members, provide the conditions to restructure public debt and incentives to generate economic activity. The Board will not succeed in its mission to stabilize Puerto Rico if its functions are limited to fiscal restructuring and balance the budget. Reduce your schedule to these tasks, far from helping the island, what the Board would do is to punish the Puerto Rican people.

As with the intervention of the State of New York in the crisis of the City of New York, the restructuring plan obligations need of a provision that allows, with 50% of creditors willing to compromise, the remaining 50% must abide by those decisions. That provision would give the Board the strength you need to achieve concrete to issue debt with the participation of all parties solutions.

Weakened by both local electoral selfishness, as well as federal inaction, Puerto Rico needs the intervention of a board that includes figures with the training and experience that enable Puerto Ricans to represent its interests.

The Board, while exercising rigorous supervision, must authorize real relief in the short and long term, and to prevent actions in court as a result of default that would undermine our capacity for rehabilitation. It is the responsibility of Congress to provide the mechanisms to boost the economy of the island toward solid sustainability and self-sufficiency goals.

Meanwhile, a provision should be removed from the bill that is awaiting action in Congress is on the lands of Vieques, which are exposed to speculation rather than being protected condition.

It is time for Congress to stop treating Puerto Rico as an area inhabited by second-class citizens jurisdiction, and assume its moral and legal responsibility towards Puerto Ricans by leading to legislation that addresses the urgency of the fiscal situation with seriousness and justice.

The rapid and successful congressional action is a legal and humanitarian obligation.